• Reafirma Secretario General de Gobierno compromiso contra el bullying en las cuatro regiones del Estado
El Gobierno del Estado, atendió a través de diferentes instancias un caso de bullying en una telesecundaria en el municipio de Rioverde con acciones integrales, de protección, acompañamiento y apoyo para la víctima, con ayuda de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA), garantizando en todo momento la protección a sus derechos y promoviendo actividades de prevención a este tipo de situaciones para abonar a un ambiente seguro para todas y todos.
Lo anterior lo informó el Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien reafirmó el compromiso contra el bullying del Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, en las cuatro regiones, con medidas integrales que incluyen: la suspensión de la maestra encargada del grupo para realizar una investigación interna; la reubicación y seguimiento de los estudiantes agresores en otra escuela, garantizando su derecho a la educación; acompañamiento psicológico al menor afectado y carpeta de investigación que será turnada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para una mayor atención.
El titular de la dependencia detalló que adicional al apoyo brindado al caso, la próxima semana, Rioverde será sede de la mesa de seguridad, habrá más acciones de prevención del delito en la telesecundaria en la que ocurrió el hecho y en las cuatro regiones del Estado, y no descartó la posibilidad de que tanto las madres y padres de familia, así como los involucrados, sean llamados a rendir sus declaraciones en las facultades de la FGE, para controlar esta conducta y erradicar cualquier otra en las escuelas.
“Estamos enterados de lo sucedido y, por instrucción del Gobernador del Estado, lo hemos abordado en la mesa de seguridad, y fue atendido de manera inmediata”, expuso Torres Sánchez tras, condenar los hechos, y considerarlo como un tema muy grave, en el que habrá más trabajo para prevenir que estas situaciones se repitan, además de resaltar que es necesario que los presuntos agresores y responsables de la administración educativa asuman su responsabilidad y que las investigaciones y sanciones correspondientes se lleven a cabo.
